El juicio federal que enfrenta Sean “Diddy” Combs ha alcanzado una etapa decisiva. Tras dos días de deliberaciones rigurosas, el jurado presentó su veredicto en cuatro de los cinco cargos imputados al productor musical y empresario. El más grave, relacionado con la presunta conspiración criminal bajo la ley RICO, permanece sin resolución.

El panel, integrado por ocho hombres y cuatro mujeres, notificó al juez Arun Subramanian que logró consenso unánime sobre los cargos vinculados al tráfico sexual y el transporte con fines de prostitución. Sin embargo, no se alcanzó acuerdo respecto al primer cargo, que exige demostrar la existencia de una organización criminal liderada por Combs.

Un cargo sin veredicto y una posible reapertura del juicio

El cargo pendiente implica la aplicación de la ley RICO, diseñada para desmantelar estructuras delictivas organizadas. Para una condena, el jurado debe confirmar que Combs dirigía una red criminal que incluía delitos como extorsión, distribución de sustancias ilícitas, violencia física y secuestro.

Ante esta situación, la fiscal federal adjunta Maurene Comey solicitó al juez emitir una instrucción Allen modificada, herramienta legal que alienta al jurado a continuar las deliberaciones con la posibilidad de alcanzar unanimidad.

A lo largo de siete semanas, más de treinta testigos aportaron declaraciones contundentes. Destacó el testimonio de Cassie Ventura, expareja de Combs, quien describió episodios de abuso emocional, violencia y explotación. Otro testigo, Daniel Phillip, también fue clave en respaldar las acusaciones de coerción sexual.

Combs, de 55 años, se mantuvo en silencio mientras sus abogados leían el comunicado del jurado. Al concluir, se acercó a sus hijos, con quienes intercambió unas palabras antes de salir de la sala.

El tribunal ordenó que las deliberaciones continúen durante el día de hoy. Si no se alcanza veredicto sobre el cargo restante, el juez podría declarar un juicio nulo parcial, lo que abriría la posibilidad de iniciar un nuevo proceso solo por esa acusación.

Este caso, seguido de cerca por medios internacionales, podría marcar un precedente jurídico en la industria del entretenimiento y la rendición de cuentas de figuras de alto perfil.